Doble Grado en Derecho + Estudios Jurídico Militares

Asesoramiento y defensa jurídica de clientes (particulares o empresas) en litigios y operaciones, en un área de especialización (civil, penal, mercantil, laboral, fiscal, administrativo).

Jurista dentro del departamento legal de una empresa: revisa contratos, gestiona riesgos, compliance, propiedad intelectual, protección de datos y relaciones laborales o societarias.

Funcionario de la Carrera Judicial o Fiscal. El juez resuelve litigios dictando sentencias; el fiscal ejerce la acusación pública y vela por la legalidad. Acceso por oposición conjunta.

Profesionales que dan fe pública (notario) o gestionan los Registros de la Propiedad y Mercantil (registrador). Acceso por unas de las oposiciones más duras y largas de España.

Principal salida del grado. El oficial auditor asesora jurídicamente a mandos militares en todas las materias del ordenamiento jurídico (contratos, disciplina, responsabilidad, operaciones). No ejerce funciones judiciales en sentido propio; su labor es consultiva y de asesoramiento al mando. Primer destino obligatorio durante 2 años en una sección jurídica de unidad militar.

Puesto de funcionario o personal laboral en los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa, organismos autónomos adscritos (INTA, INVIED, etc.) o en el Consejo de Estado en materias de defensa y seguridad. Se trabaja en informes, recursos contencioso-administrativos, contratos de adquisición de material militar y normativa de seguridad.

Empresas como Indra, Airbus Defence, Navantia, Escribano Mechanical & Engineering o GMV contratan asesores jurídicos especializados en contratación pública de defensa, cumplimiento normativo (compliance) en exportación de material de guerra, propiedad intelectual de tecnología dual y derecho internacional económico aplicado a la defensa.

Bufetes que defienden a militares, guardias civiles y policías en procedimientos disciplinarios, penales militares, reclamaciones por accidentes en servicio, reconocimiento de derechos laborales (destinos, permisos, bajas) y recursos contenciosos. En España existen numerosos despachos especializados (Castellanos y Asociados, Unaes, Suárez-Valdés, etc.).